Resumen
El auge de la participación social en diversas naciones de Latinoamérica, ha ameritado cambios sustanciales en las normas jurídicas que regulan la materia, así como la ampliación de los canales por los cuales los grupos de base puedan ejercer más eficientemente dicha participación. No obstante, persiste la percepción por la cual el poder constituido, en su mayoría conformado por los organismos de estado, aun sigue rigiendo el destino de todos quienes conformamos el poder constituyente (el electorado y el ciudadano común). Este ensayo pretende resaltar a la equidad como uno de los principales factores que propenden dar mayor fluidez a la mencionada participación social, pero también al desarrollo institucionalizado del poder constituyente o que, visto de otra forma, manejado con sentido de injusticia dicho factor determinante de la democracia y la participación, pudiese vulnerar la paz social y ocasionar circunstancias que contravengan igualmente la gobernabilidad. Para ello es preciso rescatar el concepto más genuino de equidad en el contexto de la democracia y participación social. Por lo tanto, se concluye que los problemas de gobernabilidad en Venezuela responden en parte a la discrecionalidad de los poderes legislativo (Asamblea Nacional) y ejecutivo (Presidencia de la República) en determinar quiénes y cómo se ejerce la participación ciudadana, lo que ha dejado de ser un mérito propio de la sociedad civil y las comunidades organizadas, para ser un flujo comunicacional y eventualmente de deliberación, diseñado y regido por dichos poderes constituidos.
